ILP: Un miura difícil de lidiar

Antonio Lorca.- Menudo lío el de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende regular la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural! El pasado día 12, el Congreso de los Diputados la admitió a trámite a raíz de que casi 600.000 firmas la avalaran a propuesta de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, presidida por Luis María Gibert.

Comienza ahora un proceso parlamentario largo y no exento de dificultades. Como bien dice Gibert: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra”. Se abre, además, un amplio abanico de interrogantes y son cada vez más los que temen que lo que comenzó como una inocente, aunque enérgica y esforzada reivindicación de los taurinos tras la prohibición acordada por el Parlamento catalán, pueda convertirse en un complejo problema jurídico y en una ruidosa bronca política. “Se ha abierto un melón de dimensiones desconocidas para bien y para mal”, asegura Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Mientras los taurinos se frotan las manos ante lo que consideran un paso de gigante de la fiesta hacia su reconocimiento como patrimonio histórico, cultural y económico, los detractores de la fiesta ponen el grito en el cielo, los juristas expresan su preocupación y los políticos se preparan para lidiar un auténtico miura por su tamaño, complejidad y aspereza del que la fiesta puede salir triunfante o empitonada para los restos. En otras palabras, del Parlamento y del Gobierno del Partido Popular dependen que la ley resultante sea un revulsivo para la tauromaquia o un texto descafeinado que la deje vapuleada y maltrecha.

El objetivo fundamental de la ILP, según han reiterado sus promotores, es que los toros vuelvan a Cataluña cuanto antes. Y si algo está claro es que ese deseo no pasará de ser una fantasía, a no ser que el Tribunal Constitucional resuelva favorablemente el recurso presentado por el PP contra la prohibición catalana, posibilidad lejana e incierta por motivos políticos. Además, una declaración de Bien de Interés Cultural por parte del Estado —en el caso de que pueda hacerlo, extremo que también es motivo de controversia—, no supondría la derogación de las competencias exclusivas en materia taurina que poseen las comunidades autónomas, por lo que, llegado el caso, se podría hablar de competencias compartidas, pero no excluyentes.

Existe la percepción de que la iniciativa puede prosperar, pero con cambios

Una ley que pretendiera lo contrario provocaría una cascada de recursos de inconstitucionalidad y un enfrentamiento con las autonomías, especialmente con Cataluña, que no parece lo más aconsejable actualmente.

Pero todavía hay más: al tiempo que la ILP inicia su camino parlamentario, el ministro de Cultura presentará el próximo lunes, día 25, el documento elaborado por la comisión ministerial creada en junio del pasado año que pretende definir los criterios, objetivos y medidas de un futuro Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, que será aplicado en colaboración con el resto de Administraciones públicas y los sectores implicados. Fuentes cercanas al ministerio muestran su extrañeza sobre la necesidad de tramitar ahora una ILP cuando Cultura ya trabaja en un proyecto que propondrá la elaboración de otra ley que no roce la inconstitucionalidad. No parece, insisten, el mejor ejemplo de oportunidad política.

En una palabra, una protesta legítima del sector taurino amenaza con convertirse en una patata caliente para el Gobierno del PP. De su cintura política, capacidad de negociación y compromiso con la tauromaquia dependerá que la fiesta de los toros asista a un nuevo amanecer, o, por el contrario, sufra otra grave, y esta vez irreversible, decepción.

Mientras tanto, el espectáculo no ha hecho más que comenzar. La incógnita reside en saber si, finalmente, habrá vuelta al ruedo o una ruidosa bronca.

Por el momento, Luis María Gibert se muestra parcialmente satisfecho —“No entiendo la abstención del PSOE”—, y está convencido de que solo mediante la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) se podrá velar por la promoción de la fiesta en TVE, museos, colegios y universidades. Espera que el texto de la ILP no sufra muchos cambios en su proceso parlamentario, y que en los meses de julio o septiembre vuelvan las corridas a Barcelona.

En parecidos términos se expresa Juan Manuel Albendea, diputado popular, el más activo defensor que tienen los toros en el Parlamento. “Debemos hacer todo lo posible para que Cataluña recupere la fiesta, aunque soy consciente de que no será fácil la negociación con los nacionalistas, empeñados en unos intentos soberanistas que dificultarán el debate”, afirma. No se arriesga a hablar de plazos y asegura que “todo dependerá de la actitud del Gobierno”.

Pero la realidad se abre paso entre las ilusiones de los taurinos. Y aquella está plagada de obstáculos. El primero es que la Constitución no reconoce al Gobierno central ninguna competencia básica en materia taurina. Todas fueron transferidas a las comunidades de manera plena y exclusiva. Por esta razón, afirma José Antonio Soriano, ex director general de Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía y principal impulsor del Reglamento Taurino andaluz, “la ILP puede ser un balón de oxígeno para la fiesta, pero no creo que tenga efectos positivos inmediatos; es muy difícil dar marcha atrás en el proceso de asunción de competencias por parte de las autonomías, lo que daría pie a recursos de inconstitucionalidad”. “El Estado se pudo equivocar al no reservarse competencia alguna y permitir así la prohibición catalana”, concluye.

De todos modos, ¿podría el Estado —el Parlamento, en este caso— declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural? La polémica alcanza aquí su punto culminante.

Los antitaurinos manifiestan un no rotundo. Así, un informe de la Fundación Franz Weber, defensora de los animales, considera que el Estado carece de competencias para tramitar y aprobar la ILP, parecer que comparten los partidos contrarios a los toros, incluido el PSOE. La plataforma La Tortura no es Cultura señala, además, que si el Congreso ha rechazado todas las iniciativas legislativas ciudadanas de cualquier índole desde 1983, no entiende “por qué va a aprobar esta, que no es prioritaria y a la que se opone la mayoría de la sociedad”.

Lo cierto es que las competencias culturales están transferidas a las comunidades, lo que añade complejidad al problema. En opinión de Juan Antonio Carrillo, decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Loyola Andalucía, y experto en Derecho Administrativo, la dificultad radica, por otra parte, en que el Estado tiene muy limitadas sus competencias para declarar un BIC. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 estableció dos únicos supuestos: que el bien estuviera ligado a los servicios públicos o al Patrimonio Nacional. “¿Puede el Estado declarar BIC los toros? Es muy discutible”, dice Carrillo.

Además, explica el decano, en el caso de que así se decidiera, la única técnica de protección del BIC que posee el Estado es actuar frente al expolio, lo que indica que está pensado para bienes muebles e inmuebles y no para algo inmaterial como es la fiesta de los toros.

“Considero, en conclusión, que no basta con una ley que declare a los toros Bien de Interés Cultural, sino que aquella debe estar dotada de un régimen jurídico que permita la protección más allá del expolio”, concluye Carrillo.

Por su parte, Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional, considera que la ILP es una propuesta inédita “porque plantea declarar BIC algo intangible como es el toreo”. A su juicio, este detalle añade novedad y complejidad al asunto, “algo que, con toda seguridad, no perseguían los promotores de la iniciativa”. Entiende, además, que una ley de este tipo blindaría a la fiesta y cerraría el paso a futuras prohibiciones. “Las autonomías podrían regular, pero no prohibir porque afectaría a la competencia estatal de protección de la cultura. Es más, una prohibición siempre tiene un impacto sobre la libertad de las personas, porque afecta a algo de ti, a tu identidad; cuanto más minoría eres, más valor jurídico tienen tus derechos”, asegura.

De cualquier modo, tanto Carrillo como Vázquez coinciden en que esta ILP plantea problemas políticos de dimensión desconocida, motivo por el que aventuran que el Constitucional no aceptará el recurso del PP sobre la prohibición catalana. No está el horno para bollos, y mucho menos para provocar a Cataluña por un asunto que todos los partidos, incluido el que gobierna, considera menor.

Existe, no obstante, la impresión generalizada de que la ILP en curso saldrá adelante y que, en mayor o menor medida, será buena para la fiesta de los toros. Con toda seguridad, el texto sufrirá importantes enmiendas a su paso por el Congreso y el Senado, y existe la posibilidad cierta de que se unifique con la propuesta que saldrá de la comisión del Ministerio de Cultura. Sea como fuere, lo cierto es que casi 600.000 firmas han conseguido que se hable y mucho de la cultura del toro y las contradicciones que provoca en la sociedad española. Y algo más: el Gobierno se ha metido en un callejón de difícil salida.

La propuesta

Un texto deficiente. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el texto de la Iniciativa Legislativa Popular carece de consistencia jurídica y deberá ser enmendado en profundidad si no quiere ser pasto de recursos ante el Constitucional.

Diez partes. Consta de una exposición de motivos, cinco artículos, una disposición derogatoria y tres finales.

Valor “indiscutible”. Hace hincapié, primero, en el “indiscutible carácter cultural de la fiesta de los toros”, a la que considera “parte indiscutible del patrimonio histórico, artístico, etnográfico y socioeconómico de España”.

Promoción. Declara que “la fiesta constituye un bien cultural de carácter global” y como tal deberá ser protegida en todo el territorio nacional, y establece que los poderes públicos velarán por su promoción y desarrollo. Para ello, dice que se fomentarán los espectáculos, se crearán materias universitarias para el estudio de la fiesta, se potenciará el libre acceso de los menores al conocimiento de la cultura taurina, y el Gobierno se comprometerá a promover la declaración de los toros como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Derogaciones. La ley derogaría cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en ella.